COPRA 2.0: Cooperación interpolicial y social en el Marco del III Plan de Acción contra los Delitos de Odio
Descripción del proyecto
En España, los delitos de odio constituyen un desafío creciente. En 2023 se investigaron 2.268 hechos (un 21,3 % más que el año anterior), pero entre el 80 y el 90 % de las víctimas no presenta denuncia. El III Plan de Acción contra los Delitos de Odio (202528) abre una oportunidad decisiva: su medida 1.8 promueve comunidades de práctica entre fuerzas de seguridad, administraciones y sociedad civil con el objetivo de mejorar la atención, fomentar la denuncia y recuperar la confianza ciudadana. El proyecto COPRA 2.0 convierte esta estrategia en evidencia para la toma de decisiones. Se apoya en la experiencia del proyecto europeo CISDO (20222024), que desarrolló e implementó las Comunidades de Práctica (COPRAs) y logró avances en coordinación interinstitucional, formación y atención a víctimas. El siguiente paso consiste en evaluar la sostenibilidad del modelo sin tutela estatal: liderazgo y autonomía locales en cuatro municipios, dotados de herramientas escalables (kit formativo, guías, indicadores y plataforma digital). La investigación tiene como propósito capacitar a las administraciones territoriales y proporcionarles recursos para sostener COPRAs eficaces de forma autónoma y replicable.
Para ello se aplicará investigación-acción participativa y una evaluación con métodos mixtos (encuestas, entrevistas y observación), complementada con el seguimiento longitudinal de las COPRAs de CISDO para un análisis comparado. Se realizará triangulación de datos, validación de indicadores y se garantizará la calidad ética del proceso. El proyecto generará una cooperación interinstitucional más sólida, el refuerzo de las capacidades profesionales y una mejora en la atención a las víctimas, contribuyendo a reducir la infradenuncia y a fortalecer la confianza ciudadana. COPRA 2.0 traslada una medida estratégica a la práctica, produce evidencias útiles y ofrece un marco sostenible para el diseño e institucionalización de políticas públicas más eficaces, participativas y justas.